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¿Tienes certificado de Eficiencia Energética?

 

El Certificado de eficiencia energética es un requisito establecido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para todas las viviendas que van a ser objeto de una compraventa o alquiler.

Este documento, debe reflejar todas las características energéticas del inmueble. El objetivo es dar a conocer al potencial comprador o arrendatario, el nivel de eficiencia energética que tiene el inmueble frente a similares.

Hay que aportar el documento original, registrado y en vigor cuando se formaliza la compraventa ante el notario; y el arrendador deberá presentar una copia del certificado de eficiencia energética en la firma del contrato de alquiler.

En la etiqueta energética aparece la calificación que se le puesto al inmueble, que puede ir desde el A (la más alta), hasta la G (la más baja), identificada con una serie de colores. La vigencia de la etiqueta es de diez años desde que se emite.

 

¿Qué calificaciones podemos encontrar en la etiqueta energética?

  • La letra A verde oscuro: Máxima eficiencia energética
  • La letra B verde claro: Nivel alto de eficiencia energética
  • La letra C verde amarillento: Nivel considerable de eficiencia energética, inferior a los anteriores
  • La letra D amarillo: Nivel normal
  • La letra E anaranjado: nivel bajo de eficiencia energética.
  • La letra F naranja: Nivel muy bajo de eficiencia energética.
  • La letra G rojo: No tiene eficiencia energética

¿Cuándo no es obligatorio el certificado de Eficiencia Energética?

El certificado de Eficiencia Energética no es obligatorio en los siguientes casos:

1.- Pisos con menos de 50 metros cuadrados
2.- Edificios cuyo uso este destinado a cuestiones agrícolas e industriales
3.- Monumentos históricos
4.- Edificios religiosos
5.- Viviendas que no vayan a ser alquiladas durante más de 4 meses al año
6.- Construcciones temporales tras haber sufrido el inmueble una demolición

Según lo establecido en la Ley 8/2013, el incumplimiento de tener en vigor el certificado energético, puede conllevar multas entre 300 y 6.000 euros.

 

Fuente: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.


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